Artículo publicado en Expansión:

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/07/13/5f08a751468aebef718b45a3.html

En nuestro país la Justicia arrastra una histórica lentitud y un colapso que pueden incluso calificarse de estructurales y endémicos.

Esto provoca que, en muchas ocasiones, los ciudadanos desistan de recurrir a los tribunales cuando surgen disputas entre particulares o con entidades privadas, pues a los costes propios que conlleva pleitear, se suma un retraso que, en muchos casos, anula la efectividad que habría de predicarse de la Justicia. En otros muchos casos, son los propios empresarios, incluso de alto nivel, los que comprueban que los tribunales no consiguen dar una respuesta lo suficientemente ágil a las controversias que surgen en el mundo del business.

Esto provoca que en todos los conflictos jurídicos (desde arrendamientos hasta contratos de suministro, pasando por contratos de financiación o construcción) exista la tentación de imprimir excesiva tensión a la otra parte jugando la carta de que, aunque se inicien acciones judiciales, estas no provocarán efectos inmediatos y, por tanto, se termina presionando a la parte débil a fin de obtener un acuerdo no siempre justo o satisfactorio.

Pues bien, al igual que en el ámbito de la educación o de la sanidad, la Justicia, para la mayoría de disputas civiles y comerciales, también tiene una alternativa privada que pretende huir de los problemas que la «Justicia pública» sufre, aunque, sin duda, tiene sus propias limitaciones o condicionantes. Esa alternativa privada se llama arbitraje, y aunque es muy usual en otros países de nuestro entorno o en relaciones internacionales, en nuestro país no ha terminado de eclosionar, pese a que en 2003 se publicó una nueva Ley de Arbitraje.

Como elementos positivos, el arbitraje ofrece un sistema de resolución de conflictos ágil y personalizado, con el que las partes pueden decidir someter su litigio a un profesional independiente (ya sea mediante tribunales arbitrales creados en organismos como Cámaras de Comercios, o mediante encargo a abogados particulares que asumen esa condición de árbitros), y donde las partes pueden adecuar el procedimiento al caso concreto, cobrando así un protagonismo adicional los abogados asesores de las partes. Finalmente, el proceso da lugar a una resolución (laudo) ejecutable directamente en los tribunales en caso de incumplimiento de la parte condenada.

Sin embargo, también tiene el arbitraje sus handicaps. Así, es un sistema más caro, pues exige retribuir a los árbitros y limita bastante la posibilidad de interponer recursos contra el laudo que dicten los árbitros, que únicamente pueden ser atacados por motivos muy limitados.

Ante un escenario como el actual donde se espera que los tribunales soporten una avalancha de asuntos que elevará el colapso que ya vienen sufriendo, el arbitraje puede erigirse como alternativa interesante a fin de sortear ese problema de agilidad que pesa sobre nuestra Justicia.

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