Artículo publicado en Diario Sur: 

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El último BOE de 2020 recogió el esperadísimo Real Decreto-Ley 36/2020 por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

A través de esta norma se pretende facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos. Asimismo, se establecen medidas para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que, tras su aprobación en Consejo de Ministros, será presentado formalmente ante las instituciones comunitarias. Se trata, en definitiva, de incorporar una serie de instrumentos de carácter general, dirigidos a reducir las barreras normativas y administrativas, así como un conjunto de medidas de modernización de las administraciones públicas que permitan una gestión más ágil y eficiente para facilitar la absorción de los mencionados fondos.

Sin duda, la absorción de los fondos es la clave sobre la que pivota la norma, es decir, establecer los mecanismos necesarios para asegurar la correcta canalización de los mismos. España recibirá unos 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos para el periodo temporal 2021-2026, lo que abre una oportunidad extraordinaria para la recuperación económica tras los efectos devastadores que, en la economía de nuestro país, ha provocado la crisis sanitaria derivada del COVID-19.

Con esa ingente inyección económica, extraordinaria y nunca antes conocida, debe producirse la recuperación del nivel de empleo y la actividad económica, así como la transformación del modelo económico español, hacia un enfoque verde, digital, inclusivo y social.

Las líneas básicas sobre las que se articulan la norma son las siguientes: en primer lugar, los denominados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTEs), entendido como la figura estratégica de colaboración público-privada para la ejecución de los proyectos. Cada PERTE que se presente para su validación por el Consejo de Ministros podrá consistir, bien en un proyecto único claramente definido en cuanto a sus objetivos y modalidad de ejecución; o bien, un proyecto integrado, compuesto por un grupo de proyectos insertados en una estructura, plan de trabajo o programa comunes que compartan objetivo y se basen en un enfoque sistémico coherente.

En segundo lugar, se contempla la creación de un Registro Estatal de entidades interesadas en los PERTEs. Este Registro, dependiente del Ministerio de Hacienda, tendrá un desarrollo reglamentario, estableciendo los requisitos necesarios, naturaleza jurídica de las entidades registradas y el procedimiento para el acceso al mismo. La inscripción en el Registro podrá ser considerada como requisito necesario para ser beneficiario de subvenciones, de ahí la importancia para las empresas interesadas de acceder a dicho registro.

En tercer lugar, se crean cinco nuevos órganos de gobernanza para la puesta en marcha y seguimiento del Plan. Se ha optado por centralizar todo el procedimiento a través de la Administración Central. Al hilo de ello, la tramitación de las solicitudes se hará a través de las sedes electrónicas de los departamentos ministeriales y organismos competentes, que podrán difundir información con el fin de aumentar la transparencia y la mayor concurrencia de interesados.

Destacar igualmente, el establecimiento de mecanismos de gestión y control del Plan, fundamental, teniendo en cuenta la gran cantidad de recursos que se van a movilizar y que se establecen unas especialidades en la tramitación de los procedimientos de contratación que implicarán reducciones de plazos en la tramitación de los expedientes de contratación, modificación de los umbrales económicos, la aplicación del régimen excepcional de tramitación urgente de los expedientes de contratación o la simplificación de la tramitación de los convenios administrativos para la ejecución de los proyectos a cargo de los fondos, así como de las subvenciones y ayudas públicas. En definitiva, una cierta laxitud en la tramitación de los expedientes que aconseja esos mecanismos de control para asegurar la correcta absorción de los fondos.

Finalmente, resaltar la reducción en los plazos de evaluación ambiental de proyectos o el incremento en la rentabilidad de los negocios concesionales de obras y servicios.

En definitiva, una oportunidad histórica y un reto de enorme magnitud, que exigirá un esfuerzo importante para asegurar que, en 2026, límite temporal de las ayudas, se haya absorbido adecuadamente el 100% de los fondos disponibles.

La magnitud del proyecto, el ámbito temporal, la modificación y simplificación de los mecanismos, la inscripción en el Registro, etc., hacen más que necesario que las empresas interesadas cuenten con el adecuado asesoramiento jurídico que les permita aprovechar la oportunidad que se presenta para concurrir a estas ayudas con proyectos innovadores y que sirvan de palanca para superar la crisis y posicionarse para la etapa post-covid.

Rafael Medina Pinazo y José Miguel Jaime Naranjo

Medina Pinazo Abogados

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